En el año 1986 Vinicio Cerezo, el primer presidente civil de Guatemala en 20 años, tomó el poder.  Este retorno al dominio civil inició una década de discusiones pero no habían cambios significativos para la mayoría de la sociedad.

A pesar de que la elección presidencial en 1996 perjudicó la confianza del público en el proceso electoral (63% de votantes registrados se quedaron en casa aquel día), el cambio en el gobierno sí resultó en un cambio en las discusiones en que se centraban en las posibilidades de un mejoramiento social.

El nuevo presidente, Álvaro Arzú y su partido, el Partido de Avanzada Nacional (PAN), se reunió con los líderes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) con el objetivo de lograr un acuerdo que acabara una guerra civil sangrienta de 36 años que había tomado 200,000 vidas y que resultó en la desaparición de más 50,000 (la mayoría de las desapariciones se le adjudicaron al gobierno y sus aliados paramilitares.

Los Acuerdos de Paz fueron firmados el día 29 de diciembre de 1996 por el gobierno y la URNG y acabó la guerra oficialmente, dando una posibilidad de esperanza al país de Guatemala y construyendo una vía hacia la democracia.

Los propósitos principales de los acuerdos eran:

• investigar violaciones de derechos humanos cometidos anteriormente a través de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, supervisado por MINUGUA (Misión de Investigación de las Naciones Unidas en Guatemala)
• reconocer la identidad de las personas indígenas
• eliminar la discriminación y promover el desarrollo socioeconómico para todos los guatemaltecos

(para más información sobre el contenido de los Acuerdos de Paz, vaya al sitio de web: http://www.usip.org/library/pa/guatemala/pa_guatemala.html)

Aunque los objetivos de los Acuerdos eran innegablemente ambiciosos, el progreso de los objetivos durante la presidencia de Arzú era extremamente lento.  Uno de los mayores retrasos era el fracaso de la población en mayo de 1999 de aprobar una propuesta de enmendar la constitución y permitir más derechos a los mayas.  La presencia era poca (más o menos 18%) y la mayoría de la comunidad indígena simplemente no votó.  Eso subrayó la animosidad intensa sentido por la mayoría de los mayas por un sistema político que los han explotado por siglos. 

Aunque Arzú rebajó el número de las Fuerzas Armadas, su influencia y posición como el poder real del país no cambió durante su administración. Los oficiales militares tenían la culpa de la mayoría de las atrocidades durante el conflicto armado pero ellos lograron evadir un proceso – Arzú simplemente no se atrevía a tocarlos.  Entonces, en abril de 1998 dos días después de haber publicado una investigación esperada de las masacres durante el conflicto armado, el obispo Juan Geradi fue golpeado y matado en su garaje en la Ciudad de Guatemala, un evento que se asombró a la nación. Aunque los guatemaltecos estaban acostumbrados a niveles horrorosos de violencia política, la mayoría pensaba que los días de desaparecimientos y brigadas de muerte habían terminado.  Un periódico escribió: Se suponía que eso no iba a acontecer otra vez .  Ya no más.

A pesar de este asesinato, los niveles de violencia política sí disminuyó durante los años de Arzú.  Sin embargo había un aumento en el ritmo de delitos, con más y más incidencias de robos, atracos y asesinatos relacionados con drogas y pandillas. A pesar de su pequeña población, en 1997 Guatemala tuvo el cuarto lugar de más secuestros con más de un mil personas desaparecidas.  Una nueva fuerza de policía, la PNC (la Policía Nacional Civil), fue reformada por expertos de España, Chile, los Estados Unidos, pero rápidamente ganó una reputación de corrupta e inepta, tan mal como la de su predecesora.

Según un informe reciente de MINUGUA, la misión establecida por las Naciones Unidas para asegurar que en Guatemala se cumple con los Acuerdos de Paz, los compromisos claves de los Acuerdos con respecto a las Fuerzas Armadas no han sido seguidos.  (MINUGUA, Cuarto Informe de la Verificación de Seguimiento con los Acuerdos de Paz, 12/1999.)

Ahora que la mayoría de los compromisos de los Acuerdos no han sido cumplidos, muchos están preguntándose si el proceso se ha estancado o ha empeorado.  La sociedad continúa sintiendo los efectos de la presencia militar, de la pobreza, las amenazas de sus derechos humanos, y disturbios sociales.  Por ejemplo, si bien hay una prohibición en la formación de la militaría (IMET) para Guatemala desde 1990, hay temor que esta decisión pueda cambiarse fácilmente en el clima político de hoy, una decisión que afectaría la seguridad de la sociedad guatemalteca.